
El
documento, que expone cuatro actuaciones que deberían emprender los
gobiernos y cuatro de las que deberían abstenerse, afirma que los
Estados no deben discriminar, dejar atrás a los grupos de alto
riesgo, usar la represión o la fuerza excesiva para hacer cumplir
las medidas de salud pública ni censurar o limitar el acceso a
información basada en evidencias y en la prevención. Además, los
Estados deben garantizar los derechos laborales y la seguridad
social; el acceso a agua limpia y suficiente, saneamiento y atención
de salud para toda la población; una respuesta a la pandemia con
perspectiva de género; Y proteger el derecho de las personas a la
privacidad.
“La
propagación del COVID-19 en las Américas representa un desafío
grave e inédito para una región ya devastada por la violencia, la
corrupción, la destrucción medioambiental y la desigualdad
económica generalizadas; una región en la que millones de personas
siguen huyendo de sus hogares en busca de seguridad. Los gobiernos
serán recordados siempre por la forma en que respondan a esta
situación. La historia no juzgará con benevolencia a quienes
utilicen la pandemia como pretexto para la discriminación, la
represión o la censura”, declaró Erika Guevara Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional.
“Mientras
el presidente Trump lo califica de ‘virus chino’ y algunos
representantes políticos de Brasil culpan asimismo a China del
brote, hemos visto a dirigentes de las Américas fomentando
peligrosamente el racismo y la discriminación a través de sus
respuestas públicas. En lugar de exacerbar esta crisis, los
gobiernos de las Américas deben poner los derechos humanos en la
primera línea de todas las medidas que adopten, garantizar que no se
deja atrás a nadie y ser cuidadosos para proteger a los grupos que
más riesgo corren, como las personas refugiadas, las desplazadas,
las que viven en campamentos y las que viven en la pobreza; las
mujeres, las personas que trabajan en el sector informal con
protecciones limitadas, las que están privadas de libertad y todas
las que corren el riesgo de sufrir complicaciones graves debido a la
exposición al virus”.
En esta
primera fase de la pandemia en las Américas, Amnistía Internacional
ya ha observado que, en su respuesta al COVID-19, hay gobiernos que
dejan a un lado los derechos humanos.
Además
de usar un lenguaje discriminatorio, la administración Trump ha
cerrado en gran medida las fronteras de Estados Unidos con México y
Canadá, indicando su intención de volver la espalda a las personas
refugiadas y solicitantes de asilo que necesitan protección
internacional. Del mismo modo, el gobierno de Justin Trudeau ha dado
la espalda a las personas solicitantes de asilo que intentan entrar
en Canadá por la frontera con Estados Unidos.
En
Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro han
detenido arbitrariamente al menos a dos trabajadores de salud pública
por denunciar la falta de recursos para gestionar los efectos de la
pandemia.
Mientras
tanto, en Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández ha
revocado toda una serie de derechos constitucionales, incluidos los
relativos a la libertad de expresión y al debido proceso, en
aplicación del estado de excepción declarado el 16 de marzo.
México:
especial atención a mujeres, personas desplazadas, migrantes y con
bajos ingresos
“Para
Amnistía Internacional es vital que el Estado mexicano garantice que
todas las personas tengan condiciones para prevenir el contagio, así
como acceso a servicios de salud, de manera fácil y expedita, sin
estigmas ni discriminación. Se debe establecer cómo se atenderá a
las personas adultas mayores, con enfermedades crónicas, con
discapacidad, a las personas desplazadas y a quienes cuenten con
empleos poco seguros, como las trabajadoras del hogar. El gobierno
también debe contemplar acciones específicas para brindar atención
sanitaria a las personas que viven en pobreza y a quienes no son
derechohabientes. Igualmente se deben respetar los derechos del
personal sanitario, que está en una situación de alto riesgo”
declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía
Internacional México.
Además,
“es importante que se las políticas se diseñen con enfoque de
género, considerando los trabajos de cuidados que siguen siendo
realizados por mujeres, así como los riesgos que enfrentamos las
mujeres durante períodos de confinamiento, pues las casas no siempre
son lugares seguros para nosotras”, precisó Reneaum Panszi.
Agregó
que “dado el alto índice de violencia contra las mujeres en
México, es urgente que, en este periodo en que se nos llama a estar
en casa y no salir, el Estado implemente, a través de instituciones
especializadas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM), acciones que atiendan los riesgos que implica
para muchas mujeres el confinamiento, como la violencia que sufren en
sus hogares”.
“Coincidimos
en que la pandemia es un tema prioritario para el país. Sin embargo,
Amnistía Internacional seguirá atenta de otras violaciones a
derechos humanos que ocurran y no dejará de monitorearlas, concluyó
Tania Reneaum.
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