Ciudad
de México, 15
de abril de 2020. Tendencias Libres (Redacción).-
Las
autoridades de varios países del continente americano, entre ellos,
Canadá, Estados Unidos, México, Curazao y Trinidad y Tobago
detienen de forma peligrosa y discriminatoria a migrantes y
solicitantes de asilo, basándose únicamente en la situación
migratoria de esas personas, afirmó hoy Amnistía Internacional. Al
hacerlo, empujan a muchas personas a entornos inseguros y poco
higiénicos, contrario a las pautas internacionales de derechos
humanos y salud pública.
“La
condición migratoria es irrelevante para la dignidad y el derecho a
vivir de todos los seres humanos. En lugar de incrementar los riesgos
para la salud de la población, los gobiernos deberían hacer todo lo
que puedan para protegerla”, señaló Erika Guevara Rosas,
directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Para
combatir con eficacia el COVID-19 en las Américas e impedir miles de
muertes evitables, los Estados deben liberar rápidamente a las
personas en detención migratoria, únicamente detener a las personas
migrantes en circunstancias extraordinarias y garantizar que tengan
acceso, sin discriminación, a atención médica para salvar sus
vidas.”
CANADÁ
El
24 de marzo, Amnistía Internacional escribió al gobierno canadiense
para expresar su preocupación por los esfuerzos insuficientes de las
autoridades para evitar que el COVID-19 se propague entre las
personas inmigrantes detenidas y recomendó reducir rápidamente al
mínimo el número de personas en centros de detención migratoria.
Aunque
la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas
en inglés) solo tiene en sus centros de detención migratoria a
algunos cientos de personas a la vez, la tasa de mortalidad per
cápita entre quienes están en centros de detención migratoria
canadienses es varias veces mayor que la correspondiente a las
personas en centros de detención migratoria en los Estados Unidos.
La
CBSA únicamente debe tener personas detenidas en las circunstancias
más excepcionales y debería en general poner fin a las detenciones
migratorias. Más allá de los riesgos reales para la salud física
de las personas detenidas durante la pandemia del COVID-19, esas
personas y sus familias afrontan un estrés psicológico sustancial.
Las personas que están en detención migratoria en el Centro de
Detención Migratoria (IHS, por sus siglas en inglés) de Laval,
Quebec, han estado sometidas a tanta angustia por el riesgo de
contraer el COVID-19 mientras están detenidas que han iniciado una
huelga de hambre para pedir ser liberadas. El impacto psicológico
debe tenerse seriamente en cuenta al decidir si es necesario detener
o mantener detenida a una persona.
CURAZAO
A
partir del 30 de marzo, Curazao restringió hasta el 12 de abril la
entrada a su territorio a todas las personas que quisieran entrar en
él, incluidas las que residen legalmente allí.
Las
autoridades de Curazao también detienen con frecuencia a migrantes y
solicitantes de asilo procedentes de Venezuela, negándoles el acceso
a la protección internacional. Una visita al país de la
organización Refugees International en abril de 2019 llegó a la
siguiente conclusión: “El gobierno de Curazao no implementó un
plan de protección para esta población y además ha aplicado una
‘estrategia de remoción activa’ al arrestar, detener y deportar
a las personas venezolanas en situación irregular”.
En
marzo de 2020, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial
estimó que había 16.500 personas venezolanas en la isla, pero se
desconocía cuántas de ellas estaban en detención migratoria.
Durante las visitas de Amnistía Internacional en 2018 y 2019, la
organización observó pésimas condiciones, que incluían
hacinamiento, falta de higiene y camas inadecuadas en las zonas en
las que estaban detenidas personas en situación migratoria
irregular.
En
mayo de 2018, se reportaron a Amnistía Internacional varios casos de
malos tratos en el momento del arresto o durante la detención, que
incluyeron acusaciones de abusos sexuales a mujeres detenidas por
parte de personal de vigilancia de esos centros que exigía actos
sexuales a cambio de jabón y toallas femeninas. En enero de 2020,
especialistas en derecho de asilo en la isla dijeron a Amnistía
Internacional que varias personas venezolanas que en ese momento ya
llevaban más de ocho meses detenidas habían iniciado una huelga de
hambre para protestar por las condiciones de su detención.
Curazao
debe liberar a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo
que se encuentran detenidas por su condición migratoria y otorgarles
acceso a la atención de salud que requieran y a otros servicios
esenciales.
MÉXICO
Tras
el cierre de la frontera de México con Guatemala, y las
restricciones impuestas por otros gobiernos centroamericanos, las
autoridades han fallado en no considerar alternativas a la detención
para las personas migrantes que están actualmente detenidas, dada la
imposibilidad de ser liberadas vía la deportación en autobús a
Centroamérica. Aunque el gobierno anunció que los centros de
detención están al 45% de su capacidad y siguen todas las
recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación del
COVID-19, se ha reportado de que algunos centros de detención
migratoria están superpoblados e incluso mezclan a niños y
adolescentes con poblaciones adultas debido a la falta de espacio,
como el centro de detención de Tenosique en el estado de Tabasco.
El
31 de marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de
que una protesta de migrantes que exigían su liberación provocara
un incendio en el centro de detención de Tenosique. Amnistía
Internacional ha recibido información que podría indicar que las
autoridades policiales presentes se negaron inicialmente a abrir las
puertas a pesar del incendio en el local. Hasta la fecha, las
autoridades mexicanas no han hecho pública ninguna información
sobre esta muerte en detención migratoria, ni sobre las más de diez
personas migrantes y solicitantes de asilo que, según la
información, sufrieron heridas en los hechos. Esta no ha sido la
única protesta de los últimos días.
El
23 de marzo, cientos de migrantes y solicitantes de asilo protestaron
en el mayor centro de detención migratoria de México, el complejo
Siglo XXI en Tapachula, en el estado de Chiapas, mientras también se
han reportado protestas en otros centros de detención.
Las
personas detenidas aún corren un grave riesgo ante cualquier brote
del virus, y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.
Además, dado que se desconoce durante cuánto tiempo van a
permanecer detenidas esas personas migrantes y solicitantes de asilo,
las autoridades mexicanas podrían no respetar su propia legislación
migratoria al permitir un régimen de detención indefinida, lo cual
incumpliría los estándares internacionales de derechos humanos.
Las
autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de trabajar para
encontrar alternativas viables y apropiadas a la detención
migratoria, especialmente para los grupos en situación vulnerable.
El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó el 17 de marzo
que permanecían detenidas 3.059 personas migrantes en situación
irregular.
México
debe poner rápidamente en libertad a todas las personas migrantes y
solicitantes de asilo que pueda de las que actualmente se encuentran
en centros de detención migratoria; la salud mental y física de
esas personas no se puede preservar en esos centros.
Dada
la compleja situación de seguridad de migrantes y solicitantes de
asilo en México, donde esas personas son candidatas a sufrir
violencia y explotación, las autoridades mexicanas no solo deben
liberarlas, sino también brindarles protección humanitaria de
emergencia para garantizar que todas ellas tengan acceso sin
discriminación a servicios esenciales, cuidados y seguridad,
incluidas una alimentación y una atención de salud adecuadas.
TRINIDAD
Y TOBAGO
El
18 de marzo, Trinidad y Tobago implementó, en respuesta a la
COVID-19, una prohibición de entrada para todas las personas no
ciudadanas de ese país que debía aplicarse durante 14 días. Cuatro
días más tarde, cerró sus fronteras internacionales también para
sus propios ciudadanos y ciudadanas.
Trinidad
y Tobago no cuenta con una legislación nacional sobre personas
refugiadas. La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial
estima que 24.000 personas venezolanas residían en ese país en
marzo de 2020. En enero de 2020, 17.391 habían solicitado asilo a
ACNUR, la agencia de la ONU para las personas refugiadas encargada de
procesar esas solicitudes. A aproximadamente 16.500 de esas personas
se les habían otorgado visados y permisos de trabajo temporales en
2019, después de que el gobierno las inscribiera formalmente durante
un período de dos semanas.
Sin
embargo, el país sigue criminalizando y deteniendo a personas
migrantes y refugiadas (especialmente aquellas que huyen de la crisis
en Venezuela) que ingresan en su territorio de manera irregular. Eso
es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
La Policía dijo que detuvo a 33 personas venezolanas el 17 de marzo.
Al 23 de marzo, 60 hombres y mujeres de nacionalidad venezolana
estaban detenidos en la comisaría de Cedros por ingresar en el país
de manera irregular, según información de los medios de
comunicación.
Pese
a las reiteradas solicitudes formales enviadas al ministro de
seguridad nacional, Amnistía Internacional no ha podido visitar el
Centro de Detención Migratoria (IDC, por sus siglas en inglés) de
Trinidad, donde en los últimos años se ha retenido a cientos de
migrantes y solicitantes de asilo (en su mayoría de origen
venezolano, pero también de otras nacionalidades). Tampoco se les
otorga acceso a otras organizaciones no gubernamentales y de derechos
humanos. Se desconoce la cifra exacta de personas actualmente
detenidas en el IDC, pero se estima que el centro tiene capacidad
para albergar a 150.
Una
de las pocas instituciones a las que se ha permitido visitar esas
instalaciones (la Comisión Conjunta de Derechos Humanos, Igualdad y
Diversidad de Trinidad y Tobago) observó en junio de 2018 diversos
motivos de preocupación de índole sanitaria y de saneamiento en ese
lugar de detención, lo cual podría suponer un mayor riesgo para las
personas detenidas de sufrir daños que supondría cualquier brote
del COVID-19. La Comisión observó específicamente “la falta de
recursos financieros para la construcción de un área definida para
las personas detenidas que deben ser puestas en cuarentena por
enfermedad o por otras razones”.
El
gobierno de Trinidad y Tobago debe liberar a todas las personas
migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en detención
migratoria simplemente por ingresar al país de manera irregular o
que esperan que se resuelvan sus solicitudes de asilo y darles acceso
a la atención de salud que requieran y a otros servicios esenciales,
sin discriminación.
ESTADOS
UNIDOS
Estados
Unidos cuenta con el sistema de detención migratoria más grande del
mundo, con una población diaria promedio de casi 40.000 migrantes y
solicitantes de asilo en más de 200 centros.
El
24 de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,
por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el primer
caso confirmado de COVID-19 en instalaciones de detención migratoria
del país. Desde entonces, el ICE ha revelado que 33 miembros de su
personal han contraído el virus, y se ha puesto en cuarentena a
decenas de personas detenidas por la posibilidad de que estén en
peligro.
Amnistía
Internacional ha recibido testimonios perturbadores de personas
detenidas sobre condiciones peligrosas en centros de detención
migratoria del ICE, que ponen a quienes tienen problemas médicos
preexistentes en mayor peligro de contraer el COVID-19 y de morir
como consecuencia del virus.
La
semana próxima, Amnistía Internacional emitirá un informe
documentando como oficiales del DHS y los centros del ICE no han
adoptado medidas adecuadas para garantizar la salud pública (por
ejemplo, dando jabón y gel desinfectante a las personas detenidas,
facilitando el distanciamiento social según estándares
internacionales y brindando servicios de salud adecuados y receptivos
a quienes presenten síntomas de COVID-19).
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